martes, 30 de junio de 2009
sábado, 13 de junio de 2009
FONDOS EMBARRADOS EN EL RIACHUELO
Aún quedan 90 de los U$S 250 millones otorgados a principios de los ’90 para sanear el río. Del resto, sólo un millón se usó en limpieza. Los fondos son gestionados por un comité inoperante.
Tan contaminado como las aguas del Riachuelo ha resultado el destino del préstamo de 250 millones de dólares que, a principios de la década del ’90, el BID otorgó para sanear ese curso de agua. Apenas un millón se usó para hacer algo concreto aunque inútil: retirar cascos hundidos, mientras no se impide que otros vuelvan a hundirse. Seis millones se perdieron en intereses punitorios por no usar el préstamo. Siete millones fueron a “consultorías”. 150 millones se desviaron a planes sociales no vinculados con su objetivo previsto. Quedan 90 millones, que no se ejecutan, aunque sigue funcionando su Unidad Ejecutora, con 30 funcionarios. Las 65 empresas altamente contaminantes que se habían comprometido a usar ese préstamo para plantas depuradoras siguen vertiendo tanto o más que antes sobre este río, considerado como el más contaminado de América. Una de las entidades que acompañaron a la Defensoría del Pueblo en su informe crítico sobre el tema –dado a conocer el miércoles– denominó “genocidio encubierto” a los efectos de esta contaminación sobre los 500.000 habitantes de las márgenes del Riachuelo-Matanza: “Se intoxican y mueren por el agua que beben, por el aire que respiran, por los alimentos que cultivan en sus huertas”. Y reclamó “que el presidente Kirchner, así como irá a Entre Ríos, navegue un día por el Riachuelo para que, de inmediato, adopte la decisión política que hace falta en el más alto nivel”.
Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos La Boca, explicó la historia del préstamo de 250 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había otorgado en 1993 para el saneamiento de la cuenca del Riachuelo: “El préstamo se adquirió en función de compromisos entre los que se destacaba el asumido por 65 empresas, causantes del 90 por ciento de la contaminación con metales pesados, que debían construir plantas de tratamiento o sistemas de producción limpia: no hicieron nada y, del préstamo, a la cuenca fue sólo un millón de dólares, y para tareas cosméticas: limpiar el espejo de agua, es decir, lo que se ve, y sacar cascos hundidos; aun esto fue inútil, porque, como siguen amarrando barcos inactivados, siguen hundiéndose”.
“Seis millones de dólares se perdieron hasta ahora en intereses punitorios por no utilizar el préstamo –continuó Alberti–. Siete millones se gastaron en consultorías extranjeras, estudios que el BID impone como condición cuando los países o los funcionarios no tienen voluntad negociadora para impedirlo. Y 150 millones de dólares fueron derivados a planes sociales luego de la crisis de 2001.”
El préstamo es administrado por una Unidad Ejecutora, dependiente del Ministerio de Planificación, cuyo titular es el Ministro Julio De Vido, donde se desempeñan unos 30 funcionarios.
La Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer un documento crítico sobre el estado de la cuenca Matanza-Riachuelo; en el informe participaron también distintos organismos, como las universidades Tecnológica Nacional y Nacional de la Matanza, la Defensoría del Pueblo porteña, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el CELS y Poder Ciudadano. La propuesta de solución que destaca el informe es la creación de un Comité de Cuenca, con poder de policía.
“Es el recurso que permitió sanear el Támesis en Gran Bretaña, el Sena en Francia, el Po en Italia –observó Daniel Sabsay, titular de la FARN–: el Comité debería estar integrado por el gobierno nacional, los 14 municipios y los 33 organismos interjurisdiccionales con involucramiento en la cuestión; tendría que contar con autonomía y capacidad para establecer las políticas fundamentales para la cuenca, con herramientas de participación ciudadana. Actualmente, hay demasiadas jurisdicciones, con normativas contrapuestas donde nadie termina de decidir nada y cada uno le echa la culpa al otro, y, cuando algún organismo intenta ejercer control, queda empantanado en juicios eternos donde los infractores le discuten el poder jurisdiccional.” Una alta fuente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en respuesta al documento de la Defensoría, sostuvo que “todo el mundo tiene una cuota de participación en esto. No es exclusivamente un problema del Estado y la comunidad debe involucrarse activamente”. Destacó “el incumplimiento de Aguas Argentinas en proveer cloacas y agua potable en la zona, lo cual fue una de las causas por las que le fue retirada la concesión”.
Alberti insistió en que “se está practicando un verdadero genocidio sobre los que viven en las márgenes. Son 500.000 personas: el 30 por ciento carece de agua potable; el 55 por ciento no tiene cloacas. El agua, que sacan de las napas, es cristalina pero está contaminada; también está contaminado el alimento que obtienen de sus huertas familiares, y el aire que respiran está contaminado por los tóxicos que burbujean desde el Riachuelo. Del lado de la ciudad de Buenos Aires, las villas próximas, no urbanizadas, tampoco tienen cloacas; por la mala calidad del agua los chicos enferman y mueren de diarrea, ya que las ambulancias tienen dificultades para entrar. Es un genocidio lento, encubierto”.
Tan contaminado como las aguas del Riachuelo ha resultado el destino del préstamo de 250 millones de dólares que, a principios de la década del ’90, el BID otorgó para sanear ese curso de agua. Apenas un millón se usó para hacer algo concreto aunque inútil: retirar cascos hundidos, mientras no se impide que otros vuelvan a hundirse. Seis millones se perdieron en intereses punitorios por no usar el préstamo. Siete millones fueron a “consultorías”. 150 millones se desviaron a planes sociales no vinculados con su objetivo previsto. Quedan 90 millones, que no se ejecutan, aunque sigue funcionando su Unidad Ejecutora, con 30 funcionarios. Las 65 empresas altamente contaminantes que se habían comprometido a usar ese préstamo para plantas depuradoras siguen vertiendo tanto o más que antes sobre este río, considerado como el más contaminado de América. Una de las entidades que acompañaron a la Defensoría del Pueblo en su informe crítico sobre el tema –dado a conocer el miércoles– denominó “genocidio encubierto” a los efectos de esta contaminación sobre los 500.000 habitantes de las márgenes del Riachuelo-Matanza: “Se intoxican y mueren por el agua que beben, por el aire que respiran, por los alimentos que cultivan en sus huertas”. Y reclamó “que el presidente Kirchner, así como irá a Entre Ríos, navegue un día por el Riachuelo para que, de inmediato, adopte la decisión política que hace falta en el más alto nivel”.
Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos La Boca, explicó la historia del préstamo de 250 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había otorgado en 1993 para el saneamiento de la cuenca del Riachuelo: “El préstamo se adquirió en función de compromisos entre los que se destacaba el asumido por 65 empresas, causantes del 90 por ciento de la contaminación con metales pesados, que debían construir plantas de tratamiento o sistemas de producción limpia: no hicieron nada y, del préstamo, a la cuenca fue sólo un millón de dólares, y para tareas cosméticas: limpiar el espejo de agua, es decir, lo que se ve, y sacar cascos hundidos; aun esto fue inútil, porque, como siguen amarrando barcos inactivados, siguen hundiéndose”.
“Seis millones de dólares se perdieron hasta ahora en intereses punitorios por no utilizar el préstamo –continuó Alberti–. Siete millones se gastaron en consultorías extranjeras, estudios que el BID impone como condición cuando los países o los funcionarios no tienen voluntad negociadora para impedirlo. Y 150 millones de dólares fueron derivados a planes sociales luego de la crisis de 2001.”
El préstamo es administrado por una Unidad Ejecutora, dependiente del Ministerio de Planificación, cuyo titular es el Ministro Julio De Vido, donde se desempeñan unos 30 funcionarios.
La Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer un documento crítico sobre el estado de la cuenca Matanza-Riachuelo; en el informe participaron también distintos organismos, como las universidades Tecnológica Nacional y Nacional de la Matanza, la Defensoría del Pueblo porteña, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el CELS y Poder Ciudadano. La propuesta de solución que destaca el informe es la creación de un Comité de Cuenca, con poder de policía.
“Es el recurso que permitió sanear el Támesis en Gran Bretaña, el Sena en Francia, el Po en Italia –observó Daniel Sabsay, titular de la FARN–: el Comité debería estar integrado por el gobierno nacional, los 14 municipios y los 33 organismos interjurisdiccionales con involucramiento en la cuestión; tendría que contar con autonomía y capacidad para establecer las políticas fundamentales para la cuenca, con herramientas de participación ciudadana. Actualmente, hay demasiadas jurisdicciones, con normativas contrapuestas donde nadie termina de decidir nada y cada uno le echa la culpa al otro, y, cuando algún organismo intenta ejercer control, queda empantanado en juicios eternos donde los infractores le discuten el poder jurisdiccional.” Una alta fuente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en respuesta al documento de la Defensoría, sostuvo que “todo el mundo tiene una cuota de participación en esto. No es exclusivamente un problema del Estado y la comunidad debe involucrarse activamente”. Destacó “el incumplimiento de Aguas Argentinas en proveer cloacas y agua potable en la zona, lo cual fue una de las causas por las que le fue retirada la concesión”.
Alberti insistió en que “se está practicando un verdadero genocidio sobre los que viven en las márgenes. Son 500.000 personas: el 30 por ciento carece de agua potable; el 55 por ciento no tiene cloacas. El agua, que sacan de las napas, es cristalina pero está contaminada; también está contaminado el alimento que obtienen de sus huertas familiares, y el aire que respiran está contaminado por los tóxicos que burbujean desde el Riachuelo. Del lado de la ciudad de Buenos Aires, las villas próximas, no urbanizadas, tampoco tienen cloacas; por la mala calidad del agua los chicos enferman y mueren de diarrea, ya que las ambulancias tienen dificultades para entrar. Es un genocidio lento, encubierto”.
Según Alberti, “así como, desde el primer día, fuimos solidarios con la lucha de los vecinos de Gualeguaychú para hacer ‘medicina preventiva’ respecto de las aguas del río Uruguay, hay que hacer medicina curativa con un río agónico como es el Riachuelo. Es el más contaminado de América y uno de los más contaminados del mundo; nos desprestigia internacionalmente. Necesitamos que el presidente Kirchner, así como viaja a Entre Ríos para proteger el río Uruguay, navegue un día por el Riachuelo: eso bastará para que, de inmediato, ordene que sus funcionarios se pongan a trabajar en esto. Hace falta la voluntad política del más alto magistrado”.
Fuente: Página12.
Fuente: Página12.
El enorme plan de saneamiento del Riachuelo no avanza.
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo se ha transformado en una tarea sinuosa, casi como el mismo trayecto de estos ríos que, entre ondulaciones, recodos y arroyos, terminan afectando la vida de unos 10 millones de vecinos. Vecinos que además tienen enormes carencias: el 40% no posee agua potable y el 60%, no accede a redes cloacales.
Las vertientes de la cuenca se internan en 14 municipios provinciales, además de la Ciudad de Buenos Aires, y se estima que unas 15.000 industrias trabajan en ella. Y desde hace décadas, muchas volcaron y continuan volcando residuos en sus aguas.
Pero hace cinco años -en julio de 2004- un grupo de vecinos inició una demanda contra 44 empresas, a las que denunciaron por contaminación. Dos años después el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se declaró competente e intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para que presentaran un plan de saneamiento integrado. Así nació la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. De ahí en más se sucedieron una serie de audiencias que terminaron por inquietar a la Corte Suprema. Es que las empresas demandadas y la Nación cruzaron acusaciones que consumieron casi un año de audiencias.
En 2007 la Corte terminó por encargarle a la UBA un informe para saber si eran factibles los planes de saneamiento que proponía la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, luego echada del gobierno después de quedar envuelta en denuncias por la contratacion de amigos y parientes, el uso de jets privados y los cuestionamientos de la Corte Suprema.
Pero el informe fue crítico. Otra vez, la Nación y las empresas denunciadas volvieron a acusarse. Para julio de 2008 la Corte ordenó que se ponga en marcha el saneamiento ambiental de la cuenca, estableció una serie de multas e impuso plazos para la ejecución. Y también designó al juez Luis Armella, del juzgado Federal de Quilmes, como la única autoridad al que pueden acudir cualquiera de las partes. Y a su vez determinaron que la misma Corte, y no una Cámara, sea el único tribunal que revisará lo decidido por Armella.
El actual secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, le aseguró a Clarín que se cumplirán los plazos. Sin embargo, en marzo, las ONG involucradas en el monitoreo del saneamiento de la cuenca denunciaron el incumplimiento del plan. "No se conocen cronogramas ni el financiamiento para las obras. No hay más que trabajos cosméticos y burocracia", aseguraron.
Fuente: Clarin
Las vertientes de la cuenca se internan en 14 municipios provinciales, además de la Ciudad de Buenos Aires, y se estima que unas 15.000 industrias trabajan en ella. Y desde hace décadas, muchas volcaron y continuan volcando residuos en sus aguas.
Pero hace cinco años -en julio de 2004- un grupo de vecinos inició una demanda contra 44 empresas, a las que denunciaron por contaminación. Dos años después el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se declaró competente e intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño para que presentaran un plan de saneamiento integrado. Así nació la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. De ahí en más se sucedieron una serie de audiencias que terminaron por inquietar a la Corte Suprema. Es que las empresas demandadas y la Nación cruzaron acusaciones que consumieron casi un año de audiencias.
En 2007 la Corte terminó por encargarle a la UBA un informe para saber si eran factibles los planes de saneamiento que proponía la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, luego echada del gobierno después de quedar envuelta en denuncias por la contratacion de amigos y parientes, el uso de jets privados y los cuestionamientos de la Corte Suprema.
Pero el informe fue crítico. Otra vez, la Nación y las empresas denunciadas volvieron a acusarse. Para julio de 2008 la Corte ordenó que se ponga en marcha el saneamiento ambiental de la cuenca, estableció una serie de multas e impuso plazos para la ejecución. Y también designó al juez Luis Armella, del juzgado Federal de Quilmes, como la única autoridad al que pueden acudir cualquiera de las partes. Y a su vez determinaron que la misma Corte, y no una Cámara, sea el único tribunal que revisará lo decidido por Armella.
El actual secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, le aseguró a Clarín que se cumplirán los plazos. Sin embargo, en marzo, las ONG involucradas en el monitoreo del saneamiento de la cuenca denunciaron el incumplimiento del plan. "No se conocen cronogramas ni el financiamiento para las obras. No hay más que trabajos cosméticos y burocracia", aseguraron.
Fuente: Clarin
domingo, 7 de junio de 2009
Rescate del Riachuelo
Mayo 5, 2009 Categoría: Rescate del Riachuelo, Tóxicos
Fotografías de la Cuenca Matanza Riachuelo de la década del 80. El contraste no existe, la contaminación de hoy es igual -en algunos casos peor- que hace 25 años atrás (ver Informe Plan de Rescate del Riachuelo). Gracias a la desidia de las autoridades no hemos podido avanzar más allá de las promesas. Si se animan, los invito a encontrar las diferencias en cada una de las fotos. Les sobrará tiempo libre.
¿Qué podés hacer?
Convertite en rescatista del Riachuelo (con Greenpeace), anotate para que te comuniquen periódicamente cómo podés ayudar en la campaña, hacé click aquí.
Si conocés o tenés datos de vertidos de líquidos industriales o puntos de descarga de sustancias contaminantes en ríos, arroyos, sistema cloacal y pluvial en la cuenca Matanza–Riachuelo, denunciá su ubicación. Llamá a la línea de denuncias de Greenpeace al 011-4000-5590.
También podés denunciar a través de nuestro formulario online, hacé click aquí.
Si vivís en la cuenca, bajate el afiche, imprimilo y pegalo por tu barrio o distribuilo en los negocios de la zona. Hacé click aquí para descargar el afiche.
Fotografías de la Cuenca Matanza Riachuelo de la década del 80. El contraste no existe, la contaminación de hoy es igual -en algunos casos peor- que hace 25 años atrás (ver Informe Plan de Rescate del Riachuelo). Gracias a la desidia de las autoridades no hemos podido avanzar más allá de las promesas. Si se animan, los invito a encontrar las diferencias en cada una de las fotos. Les sobrará tiempo libre.
Para ampliar la imagen, hacé click aquí.
¿Qué podés hacer?
Convertite en rescatista del Riachuelo (con Greenpeace), anotate para que te comuniquen periódicamente cómo podés ayudar en la campaña, hacé click aquí.
Si conocés o tenés datos de vertidos de líquidos industriales o puntos de descarga de sustancias contaminantes en ríos, arroyos, sistema cloacal y pluvial en la cuenca Matanza–Riachuelo, denunciá su ubicación. Llamá a la línea de denuncias de Greenpeace al 011-4000-5590.
También podés denunciar a través de nuestro formulario online, hacé click aquí.
Si vivís en la cuenca, bajate el afiche, imprimilo y pegalo por tu barrio o distribuilo en los negocios de la zona. Hacé click aquí para descargar el afiche.
La capa de Ozono
(El agujero en la capa de ozono sobre la Ántartida entre 1979 y 2008; la secuencia completa año a año puede verse en Antarctic Ozone Hole)
Aunque la concentración de ozono a baja altura es nociva, en las capas altas de la atmósfera es esencial ya que su presencia filtra el paso de la luz ultravioleta (UV) procedente del Sol, que daña el ADN de las plantas y los animales (incluidos los humanos) y da lugar a cáncer de piel. Antes de 1979, los científicos no habían observado concentraciones inferiores a 220 unidades Dobson (DU) - que es el modo en el que se mide (y se expresa) la presencia de ozono en la estratósfera - Pero en la década de 1980, a través de una combinación de mediciones en tierra y por satélite, los científicos comenzaron a darse cuenta del adelgazamiento de la protección solar natural de la Tierra de manera espectacular en el Polo Sur en primavera de cada año. Este gran terreno en la delgada capa de ozono llegó a ser conocido como agujero de ozono.
Fue el investigador mexicano Mario J. Molina-Pasquel (co-receptor del Premio Nobel de Química en 1995) quien descubrió que esta disminución en la presencia de ozono en aquella región estaba causada por la acumulación de clorofluorocarbono (CFC) en la atmósfera.
Debido a su alta estabilidad físico-química y su nula toxicidad han sido muy usados como líquidos refrigerantes, agentes extintores y propelentes para aerosoles. Fueron introducidos a principios de la década de los años 1930 por ingenieros de General Motors, para sustituir a materiales peligrosos como el dióxido de azufre y el amoníaco.Sin embargo, una vez los CFC alcanzaban las capas altas de la atmósfera donde se encuentra el ozono beneficioso se produce una reacción fotoquímica inducida por la luz del Sol, y que supone la destrucción de las moléculas de ozono (liberado cloro, un átomo muy reactivo que cataliza la destrucción del ozono en repetidas ocasiones).
Aunque la concentración de ozono a baja altura es nociva, en las capas altas de la atmósfera es esencial ya que su presencia filtra el paso de la luz ultravioleta (UV) procedente del Sol, que daña el ADN de las plantas y los animales (incluidos los humanos) y da lugar a cáncer de piel. Antes de 1979, los científicos no habían observado concentraciones inferiores a 220 unidades Dobson (DU) - que es el modo en el que se mide (y se expresa) la presencia de ozono en la estratósfera - Pero en la década de 1980, a través de una combinación de mediciones en tierra y por satélite, los científicos comenzaron a darse cuenta del adelgazamiento de la protección solar natural de la Tierra de manera espectacular en el Polo Sur en primavera de cada año. Este gran terreno en la delgada capa de ozono llegó a ser conocido como agujero de ozono.
Fue el investigador mexicano Mario J. Molina-Pasquel (co-receptor del Premio Nobel de Química en 1995) quien descubrió que esta disminución en la presencia de ozono en aquella región estaba causada por la acumulación de clorofluorocarbono (CFC) en la atmósfera.
Debido a su alta estabilidad físico-química y su nula toxicidad han sido muy usados como líquidos refrigerantes, agentes extintores y propelentes para aerosoles. Fueron introducidos a principios de la década de los años 1930 por ingenieros de General Motors, para sustituir a materiales peligrosos como el dióxido de azufre y el amoníaco.Sin embargo, una vez los CFC alcanzaban las capas altas de la atmósfera donde se encuentra el ozono beneficioso se produce una reacción fotoquímica inducida por la luz del Sol, y que supone la destrucción de las moléculas de ozono (liberado cloro, un átomo muy reactivo que cataliza la destrucción del ozono en repetidas ocasiones).
Aunque se utiliza la metáfora del agujero, en realidad éste no es tal, sino que se trata de una zona en la que la concentración de este gas está por debajo del mínimo histórico de 220 DU, la capa de la atmósfera que comienza y se extiende entre los 8 o 10 km y hasta los 50 km de altitud, dependiendo de la latitud.Las mediciones fueron realizadas, desde 1979 al 2003 por los instrumentos del espectrómetro cartográfico del ozono total (TOMS) de la NASA y por el Instrumento de vigilancia del ozono (OMI) del Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos (KNMI) del 2004 al presente.
La serie comienza en 1979. En aquel año la medida mínima observada fue de 194 DU, sólo un poco por debajo de la medida histórica [220 DU]. Durante algunos años las concentraciones mínimas estuvieron en torno a los 190 DU, pero al inicio de 1983 los mínimos empezaron a caer rápidamente: 173 DU en 1982, 154 en 1983, 124 en 1985. En 1991 se rompió la barrera de las 100 DU por primera vez, medida que desde entonces ha sido habitual. La mayor reducción se registró en 1994, cuando las concentraciones cayeron a apenas 73 DU, el 30 de septiembre.
Una vez descubierta la causa principal para esta reducción, el Protocolo de Montreal de 1987 prohibió el uso general del CFC y se estableció para controlar la producción de sustancias que pudieran dañarla. La firma de este acuerdo reconocía la escala de magnitud con la que el hombre puede influir en el equilibrio del planeta.
Actualmente, aunque “el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida parece extenderse, la capa de ozono que rodea el resto del planeta parece estar mejorando. Durante los últimos 9 años, el ozono en todo el mundo ha permanecido más o menos constante, deteniendo el descenso detectado por primera vez en los años 80.” Se espera que la zona del agujero sobre la Ántartida recupere niveles de concentración de ozono similares a las de principios de los año ochenta para mediados de este siglo, aunque también se especula con que la emisión de otros gases y el calentamiento global retarden la recuperación global de la capa “a no antes de un siglo.”
Crédito: “Earth Observatory”
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